Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha condenado el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Chile durante la reciente ola de protestas y confían en que la investigación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos contribuya a la rendición de cuentas.
Los relatores, que han cifrado en al menos 20 muertos y unos 1.600 heridos el balance de víctimas de estas protestas, han advertido en un comunicado conjunto de que "la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas".
"El elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad", han criticado estos expertos, designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que opinan de forma independiente a la organización.
Además, han expresado su preocupación por los presuntos abusos perpetrados sobre niños o casos de posibles malos tratos y golpes que podrían incluso constituir torturas. También "se han recibido informes de violencia sexual en contra de mujeres, hombres y adolescentes, incluyendo prácticas tales como desnudos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención", han añadido.
Los expertos han rechazado los actos de violencia cometidos por particulares y han recordado la obligación del Gobierno de Sebastián Piñera de proteger a la población de estas acciones, así como de "respetar los Derechos Humanos". En este sentido, han apuntado que el Ejecutivo "debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos".
La nota la firman el relator sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule; el responsable del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, José Antonio Guevara Bermúdez; la relatora sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard; el experto sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye; el relator sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst; y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer y las niñas, Meskerem Geset Techane.